Mucho se está hablado estos días de la aparente parcialidad de la judicatura en ciertos pronunciamientos referentes a derechos fundamentales y libertades públicas. El último de estos casos es el de Pablo Hasel, músico de esa nueva canción protesta que se difunde mediante el hip-hop y el rap como expresión musical.
La cuestión fundamental no es si Pablo Hasel ha hecho afirmaciones y ha expresado deseos para acabar con la monarquía, deseos y objetivos que compartimos muchos socialistas. Lo importante aquí es si ha realizado enaltecimiento del terrorismo o no, por mucho que me fastidien algunos de sus tweets con referencias a deseos de muerte a los políticos en activo, entre ellos, Patxi López. Pero aún más importante es dónde se establece la frontera entre la libertad de expresión y el delito, y se cuestiona incluso que deba haber límite alguno. Sin duda, es una cuestión de calado, en la que a priori me sitúo, a título personal, en una opinión en la que la libertad de expresión debe tender a máximos y no a mínimos con algunos límites que no me atrevería a establecer con exactitud, pero que sin duda pasa por derogar algunos delitos de odio del ordenamiento jurídico.
En cualquier caso, creo que Pablo Hasel no tiene que estar en la cárcel y debe de indultarse con carácter inmediato, igual que el caso de Valtonic, salvo prueba de terrorismo. Creo que la mayoría de socialistas pensamos que algunas de las cosas que se denuncian en las letras de las canciones de cualquier artista, son letras, son voces, son música. Y las opiniones políticas de los artistas, más allá de su trabajo, deberían ser tan discutidas como respetables, pero nunca censuradas, como las de cualquier otra persona que opina sobre los problemas de la ciudadanía. Me parecen mucho más graves las calumnias vertidas sobre Salvador Illa durante la reciente campaña, porque esas calumnias tienen un efecto electoral, y por tanto pueden variar el resultado de unas elecciones. Las tácticas trumpistas no deberían haber atravesado el océano, pero lo han hecho. Volviendo a la música, personalmente me parecían mucho más osadas las de Kortatu, y mucho más inteligentes y revolucionarias las letras de los cantantes-protesta de los años 70. Pero Pablo Hasel no sea buen cantante ni compositor tampoco es delito.
No invierto más tiempo en Pablo Hasel, ya que a pesar de mi profundo desacuerdo con sus formas, eso no es óbice para que no pueda expresarse. Si defendemos la libertad de expresión debemos permitir que Pablo Hasel se exprese y eliminar delitos de odio del código penal.
Pero al hilo de este caso, existe un debate que me parece mucho más urgente abordar: ¿El poder judicial es realmente imparcial?
No deberíamos catalogar a todos los jueces y juezas de falta de imparcialidad, sino cuestionar si el funcionamiento del CGPJ aplica el imperio de la ley o si existe un sesgo ideológico que hace tambalear sus fundamentos institucionales.
A la vista de los más de 300 encausados por participar en piquetes informativos, las condenas a raperos y titiriteros parece que se ha aplicado todo la ley con un criterio muy restrictivo, que genera sospechas sobre la imparcialidad que debiera imperar en las actuaciones y decisiones del poder judicial.
A la vista de la inacción ante claros delitos de odio como el del homenaje a la división azul, o el famoso chat de whatssap de exmilitares en el apelaban a un genocidio de 26 millones de españoles, parece que el poder judicial ahí no está actuando.
A la vista de las declaraciones del Sr Lesmes, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, opinando que «la democracia en España se pone en solfa desde que el Partido Comunista«, en el que encuadra al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, «forma parte» del Ejecutivo.
A la vista de los últimos presuntos delitos cometidos por el Rey emérito tampoco parece demasiado entusiasmada en la investigación e instrucción del caso.
Vean que me reservo mi opinión sobre los tercer grado penitenciario de los políticos catalanes presos. Sería larga, y la dejo para otro artículo.
A la vista de los diferentes posicionamientos del CGPJ no parece que la justicia sea igual para todos, y eso debilita la credibilidad de uno de los 3 poderes del Estado.
El bloqueo del PP a la renovación de los cargos del CGPJ, por intereses partidistas, tiene mucho que ver con esa falta de credibilidad.
Como dice Pérez Royo: «El CGPJ actual no se entiende sin la Gürtel y sin la Kitchen. Es una excrecencia de lo que había sido la acción del Gobierno y del PP desde hacía casi una década. Por eso, no solamente se produjo la renovación del CGPJ, sino que se modificó la normativa sobre la organización interna del órgano, produciéndose una concentración de poder extraordinaria en el Presidente del órgano, que, no por casualidad, había sido Director General de Justicia con José María Aznar«.
Es por esto que el PP de Pablo Casado se resiste a la renovación del Poder Judicial. «Con cualquier CGPJ renovado, no podría contar con la «comprensión» con que cuenta con el actual CGPJ, que, de momento, ha elevado a la Sala Segunda del Tribunal Supremo al Magistrado de la Audiencia Nacional que votó en contra de que el PP fuera condenado como partido en la sentencia del caso Gürtel«.
Parece ser, pues, que incluso un reputado jurista como Javier Pérez Royo también está de acuerdo en que el CGPJ no actúa conforme a lo que se espera del máximo órgano del Poder Judicial. Si no existe imparcialidad de la justicia, la siempre democracia plena pero perfectible del estado español deja de ser democracia plena, y por tanto, hay que procurar rápidamente su restitución.
Baltasar Santos Fernández
(A título personal)
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