El zorro al cuidado de las gallinas

El pelotazo de la Sanidad privada en Catalunya sigue haciendo su agosto en plena pandemia del COVID_19. La actual pesadilla que vivimos los catalanes y catalanas es consecuencia directa de años de recortes en sanidad y en servicios públicos.

El President Quim Torra, abonará a cargo de los presupuestos de la Generalitat de Catalunya a los hospitales privados y concertados que funcionan fuera de la red sanitaria pública más de 43.000 euros por cada paciente de coronavirus que ingrese en una unidad de cuidados intensivos (UCI).

La cifra llama poderosamente la atención, ya que según la patronal Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) los costes de hospitalización por enfermo de coronavirus oscilan entre 250 euros diarios en caso de hospitalización normal y hasta 750 euros en caso de internamiento en UCI (unidades de cuidados intensivos). Según el director general de la Asociación Catalana de Entidades de Salud, Lluís Monset, el tratamiento “son poco más de 1.000€ al día». Haciendo las cuentas, el coste de atención a un enfermo que está 21 días internado en UCI podría alcanzar la cifra de 21.000 €, lejos de los 43000 €.

El modelo de salud catalán preveía hasta ahora un coste por enfermo de 23000 € cuando se derivaban pacientes de la sanidad pública a la concertada.  La crisis del Covid_19 en Catalunya quasi duplica esa cantidad. Un gran negocio para la sanidad privada por decisión directa del President de la Generalitat, que con una mano exige más dinero del Estado (es decir, del dinero de todos) y con la otra mano transfiere el dinero a la sanidad privada.  El zorro al cuidado de las gallinas.

Una aclaración posterior de los técnicos y asesores de Torra ha puesto de manifiesto que  “Únicamente se obligará a los hospitales privados a devolver dinero si han obtenido un beneficio excesivo (…) se devolverán si estos son superiores a lo razonable». El cinismo es completo. ¿qué es un beneficio razonable?

La derecha catalana y la escabechina a la sanidad pública

Los recortes en Catalunya empezaron antes que en el resto del Estado. El Govern del derechista Artur Mas (CiU) aplicó un recorte global en sanidad y educación públicas, protección social, ocupación y vivienda de ni más ni menos que 4.500 millones de euros. Los sucesivos gobiernos de JxSí, PDeCAT/JxCAT y ERC no han revertido ni mucho menos estos recortes, hecho que sitúa a Catalunya en la cola del Estado en atención sanitaria, como apunta el estudio de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP): listas de espera interminables, masificación, plantillas insuficientes y cada vez más precarizadas, cierre o reducciones de servicios en CAPs y hospitales…

El Institut Català de la Salut (ICS) ha pasado de 6.600 facultativos a 5.700.  De 2010 a 2017, la derecha catalana ha recortado 1.000 millones de euros el presupuesto de la sanidad pública.  A finales de enero de 2020, cuando todavía observábamos como algo ajeno a nosotros la pandemia, el «Círculo de Salud» publicó un estudio «la enfermedad de la sanidad catalana: financiación y gobernanza». Dicho estudio concluye que el presupuesto para el gasto sanitario público en Catalunya se tendría que incrementar en más de 5.000 millones de euros cada año para equipararse al gasto de salud público de países con sistemas de salud homologables.

Aunque desde el gobierno de la Generalitat se anunció a bombo y platillo que los nuevos presupuestos de la Generalitat revertían los recortes en sanidad, desde el sindicato «Metges de Catalunya» se dice que “En el año 2010 teníamos un presupuesto para sanidad de 9.875 millones de euros, y en 2020, dispondremos de 86 millones menos. sin contar una inflación del 16,3% en Catalunya, que se debe restar a las cuentas, siendo que de esta manera el presupuesto real es de aproximadamente 8.190 millones de euros, es decir 1.685 millones de euros menos en 10 años.

Eso sí, la sanidad privada ha avanzado en época de recortes. Por ejemplo, la Generalitat entregó 300 millones de euros al holding sanitario IDCsalud, controlado por un fondo de capital riesgo, conformando el grupo Quirónsalud, mientras recortaba un 16% el presupuesto del CatSalut. Y es que el 76% de los hospitales y el 56% de las camas hospitalarias catalanas son gestionadas por empresarios privados:

• El 42% del total de camas hospitalarias de Catalunya son propiedad del grupo Quirónsalud.
• Catalunya se ha convertido en el territorio que regala más dinero público a las clínicas privadas: La derecha catalana ha hecho enfermar a la sanidad pública.

Los presupuestos de la Generalitat para 2020 pactados por JxCat y ERC con los Comuns, presentados como un gran avance, solo destinan 913 millones a incrementar la dotación de los hospitales públicos, lo cual, según Metges de Catalunya “no permite recuperar los niveles de gasto del ejercicio de 2010, previo a los recortes, y continúa alimentando la infrafinanciación crónica del sistema”.

¿Y el caso de las residencias de gente mayor?

Lo mismo ocurre con las plazas de residencia, que se han convertido en verdaderos «morideros» para nuestros abuelos.  En 2016, de 57.000 plazas de residencia en Catalunya, solo 5.000 (9%) eran gestionadas directamente por la Generalitat, según datos de la propia patronal del sector.

En muchos de estos centros los ancianos se contagian y no hay medios para atenderles, ni a ellos ni a sus cuidadores y cuidadoras. Faltan mascarillas, no se hacen test al personal ni a los demás ancianos salvo que muestren síntomas graves, permitiendo que siga el contagio.

Por poner solo un ejemplo. la policlínica comarcal del vendrell es un centro sanitario privado, integrado en la ASPE (Alianza de la Sanidad Privada Española),  cuyo origen se remonta a 1941. Nace como centro de pacientes agudos, pero amplia su cobertura asistencial a los pacientes crónicos en el año 1983, con su incorporación al Programa “Vida als anys” de la Generalitat de Catalunya. Se convierte así en centro proveedor del CatSalut y es nombrado Centro Sociosanitario de referencia de la Comarca del Baix Penedès, con un pabellón y 120 camas sociosanitarias, además de las 24 camas de Residencia Asistida, también concertadas con el ICASS.

Durante el inicio de la crisis del COVID-19, la dirección prohibió a algunos trabajadores llevar mascarilla para no crear alarma social. Más adelante, cuando las mascarillas se hicieron obligatorias, dan una mascarilla por semana al personal. Algún enfermero había comunicado que su pareja había dado positivo por COVID_19, pero sin embargo, la dirección obligó al trabajador a seguir trabajando, sin hacerle prueba alguna, y asumiendo el riesgo de contagio a compañeros y pacientes.  Según fuentes de trabajadores a los que hemos tenido acceso, la mayoría de personal sanitario ha sido contagiado, y del centro sociosanitario, en el que existen 120 camas, al menos 80 ancianos han sido contagiados, y han muerto, al menos, 25 personas entre los meses de marzo y abril, cifra muy superior a la de otros años por la misma fecha.

A gran parte del personal, sanitario y no sanitario, se les ha obligado a hacer uso de sus vacaciones para hacer rotar al personal, algunos de los trabajadores contagiados han retornado al trabajo activo después de superar los síntomas de la enfermedad, sin hacerles ninguna prueba de detección del virus.

Según comentan algunos familiares en redes sociales, la mezquindad roza lo inimaginable, cuando se discrimina a los pacientes que son atendidos en virtud
del régimen de concertación. A estos pacientes no se les da merienda, mientras que a los privados sí. Negarle la merienda a un abuelo.

El último gran escándalo ha saltado a los medios de comunicación estatales el 20 de abril, cuando una familiar de un abuelo hospitalizado fallece dos días después de habérsele dado el alta médica. El paciente en cuestión era residente de otra residencia de la comarca, se contagió por coronavirus, y fue llevado al hospital del Vendrell. Superada la enfermedad, el Hospital del vendrell deriva al paciente a la Policlínica para pasar la cuarentena. Es ingresado en la sección de agudos (no de residencia), seguramente por el estado de catástrofe sanitaria en que se había convertido la residencia, aunque los datos reales nunca han sido informados públicamente. Según el familiar, el abuelo es ingresado el 2 de abril y desde entonces permaneció encamado hasta el alta de la policlínica el 17 de abril. En esa fecha, el paciente, ya con el alta médica, es derivado a su residencia de origen, quienes alertan a los familiares de las llagas y necrosis con que el paciente llega a la residencia, signo de no habérsele practicado los cambios posturales exigidos en estos casos. El paciente fallece 2 días después por una infección de orina. Fuentes profesionales a las que hemos accedido dicen que las llagas y necrosis pueden causar asepsis, infección en la sangre, y causar complicaciones como las que han acabado con la vida de este usuario.

Este es el tipo de centros privados con los que el Govern de Quim Torra hace negocios. Mientras tanto, la Consellera de Salut, Alba Vergés, ha recomendado limitar «el esfuerzo terapéutico» de los pacientes mayores de 80 años con coronavirus Covid-19 y proceder a tratamientos de confort (morfina). Si tienes más de 80 años, la sanidad no hará por ti más que sedarte. ¿Es esto lo que merecen todos esos abuelos que han sido el soporte económico de miles de familias durante la anterior crisis económica?.

Sin duda, la izquierda política y social tiene que reaccionar ante este atropello.

Tenemos que recuperar los hospitales y residencias para el sistema público.

La rápida propagación y las muertes causadas por el SARS-CoV2 en Catalunya son consecuencia directa de las privatizaciones y recortes masivos en la red pública de hospitales, centros de atención a mayores y otros servicios sociales realizados por los representantes políticos de la derecha catalana. La falta de voluntad de Torra y su Gobierno para dotar a la sanidad pública de recursos suficientes y enfrentarse a sus colegas empresarios de la privada es más que evidente.

No vale excusarse, como suele hacer el President Torra, en la falta de competencias de la Generalitat, ni en el «España nos roba», ni la eterna promesa de que cuando alcancemos la independencia nos sobrarán hospitales. Ya está bien de mentiras. Para entregar todas esas clínicas, hospitales y residencias de ancianos a sus amigos de la burguesía catalana no les han faltado competencias.

Y cuando a finales de 2018 los médicos fueron a la huelga exigiendo más medios y personal, la respuesta de los gobiernos de CiU y JxCat-ERC fue enviar los Mossos d’Esquadra a reprimirles y negarse a tomar medidas que hoy habrían servido para afrontar la pandemia de otra manera.

Pero es que incluso el argumento de “falta de competencias” se deshace por sí solo. El pasado 15 de marzo Pedro Sánchez declaraba el estado de alarma y entregaba a las Comunidades Autónomas la posibilidad de intervenir la sanidad privada y ponerla al servicio de lo público.

De esta manera, la Generalitat podría haber controlado la sanidad privada, podía haberla expropiado sin indemnización, podía haber dotado la sanidad pública de los recursos humanos necesarios, abrir todas las plantas hospitalarias cerradas, comprar material médico, quirúrgico y de protección, pero nada de eso…..lo que hace en realidad es incrementar la cuenta de resultados de los empresarios del sector privado sanitario y sociosanitario, sus amigos y protegidos, entregándoles 43.000€ por cada paciente que pase por una UCI, independientemente del tiempo que permanezca ingresado en ella. 

Para los pacientes menos graves, los centros privados serán recompensados con 2.500€ para hospitalizaciones inferiores a los 3 días, y  5.000€ a partir de los 4 días. La Generalitat también abonará 93€ por cada test PCR que realice la sanidad privada, y en centros como la policlínica del vendrell, el test se ofrece a los trabajadores que tengan mútua por 150 €, eso sí, previamente tienen que pasar por consulta, y abonar la consulta médica para que el médico dictamine la necesidad de practicar la prueba. Claro que sí, negocio sin escrúpulos.

No, President Torra!. Así no. Deje de invertir en los negocios de sus amigos, e invierta en la sanidad pública que es de todos y todas las catalanas.

Baltasar Santos