Mari Carmen tiene 87 años. Llevaba más de setenta viviendo en la misma casa. Pagaba unos 500 euros de alquiler y la propiedad llegó a reclamarle 2.650 euros mensuales para continuar viviendo allí. El 23 de septiembre salió de su casa en una camilla.
Podemos hablar de vulnerabilidad, de procedimientos judiciales, de contratos antiguos y de competencias administrativas. Todo eso importa. Pero hay una pregunta mucho más sencilla que deberíamos hacernos:
¿En qué momento hemos aceptado que algo tan imprescindible como una vivienda pueda convertirse en un producto cuyo precio no tenga prácticamente relación alguna con los ingresos de quienes necesitan vivir en ella?
Porque si por un piso se piden 2.650 euros mensuales, Mari Carmen es vulnerable, evidentemente. Pero también lo somos la mayoría de la sociedad. 31.800 euros anuales solamente para pagar el alquiler. No puede pagarlo una pensionista ni la inmensa mayoría de trabajadores, jóvenes, familias monoparentales o parejas con salarios normales.
Por eso ayudar a las personas vulnerables en de imperiosa necesidad, pero también lo es una política que evite la especulación de la vivienda, y que garantice el derecho a la vivienda de la mayoría social. Porque en las condiciones de Mari Carmen, todos somos vulnerables, todos somos Mari Carmen.
Los votos en las decisiones políticas tienen consecuencias
Conviene recordar además un hecho político. El 26 de febrero de 2026, PP, Vox y Junts votaron contra la convalidación del denominado escudo social, en el que se incluía la prórroga de la suspensión de determinados desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional. El decreto había sido modificado para excluir de esa obligación a los propietarios de una o dos viviendas. Aun así, fue rechazado.
Pero las votaciones parlamentarias tienen consecuencias, y una de ellas fue que decayó la moratoria que protegía frente a determinados lanzamientos a hogares vulnerables sin alternativa residencial.
No basta con impedir el desahucio
Pero tampoco sería suficiente con prohibir determinados desahucios. Si una familia tiene que destinar el 50%, el 60% o el 70% de sus ingresos al alquiler, el problema existe mucho antes de que aparezca una orden judicial. Por eso una política integral de vivienda tiene que actuar simultáneamente sobre precio, oferta y protección social. Y eso conduce inevitablemente al debate sobre la limitación de las rentas en aquellas zonas donde el mercado se ha tensionado hasta expulsar a buena parte de la población.
Cataluña ya aplica mecanismos de contención derivados de la Ley estatal de Vivienda y ha avanzado también sobre una de las principales vías de elusión: el alquiler temporal y el alquiler por habitaciones. Y hacía falta. Hace pocos días, en el tablón de estudiantes de la Facultad de Medicina de Vall d’Hebron, veía anuncios ofreciendo habitaciones por más de 450 euros mensuales en pisos compartidos. Una habitación. No un piso. No son casos aislados, la especulación con la vivienda está al orden del día.
La legislación catalana ha tratado precisamente de cerrar la puerta a la fragmentación del alquiler sometiendo también determinadas modalidades de alquiler por habitaciones y de temporada a los mecanismos de contención de precios. Porque una norma que pueda esquivarse cambiando el nombre del contrato sirve de bastante poco.
Construir. Construir mucho. Y que siga siendo público
Pero limitar precios tampoco basta. Si queremos cambiar de verdad el mercado necesitamos algo que España ha descuidado durante décadas: un enorme parque público de vivienda en alquiler. Y aquí existe un modelo europeo que conviene estudiar: Viena.
La capital austríaca dispone aproximadamente de 220.000 viviendas municipales y otras 200.000 viviendas cooperativas construidas con apoyo público. Cerca de la mitad de los vieneses vive en alguna modalidad de vivienda subvencionada. Ese volumen cambia completamente las reglas del juego. Cuando la Administración dispone de una oferta masiva de vivienda asequible, deja de limitarse a subvencionar a ciudadanos para que puedan pagar los precios establecidos por el mercado. Se convierte ella misma en un actor capaz de influir sobre ese mercado.
Esa es probablemente una de las grandes diferencias entre el modelo vienés y el español. Durante décadas hemos construido vivienda protegida que posteriormente podía acabar incorporándose al mercado libre. El resultado es que los recursos públicos invertidos una generación antes no necesariamente sirven para proteger a la generación siguiente.
La vivienda pública debería permanecer pública. No durante diez años. No durante treinta. Permanentemente.
El camino iniciado en Catalunya
En Catalunya se está intentando incrementar esa oferta. El Govern presidido por Salvador Illa anunció el objetivo de impulsar 50.000 viviendas protegidas hasta 2030 y movilizar miles de millones de euros para conseguirlo. La Generalitat ha creado una Reserva Pública de Solares para movilizar suelo y ha establecido que las viviendas desarrolladas sobre esos terrenos mantengan permanentemente su condición de alquiler asequible.
Además, una parte se reserva específicamente para jóvenes y para personas en situación de vulnerabilidad. Es una diferencia importante respecto a políticas anteriores: construir vivienda protegida no sirve de mucho a largo plazo si décadas después desaparece del parque asequible.
El propio Illa ha resumido su estrategia en dos actuaciones simultáneas: construir vivienda y, mientras esa nueva oferta no exista, intervenir sobre un mercado tensionado. Ese planteamiento tiene un paralelismo evidente con la experiencia vienesa. No se construye un modelo como el de Viena en cuatro años. Se construye durante décadas. Precisamente por eso hay que empezar ya.
¿Y cuando detrás hay un fondo de inversión?
Queda todavía una cuestión urgente. ¿Qué debería poder hacer una Administración cuando quien posee una vivienda es un gran tenedor o una sociedad inversora y existe una situación excepcional de vulnerabilidad, ausencia de alternativa habitacional y fracaso de todos los mecanismos de negociación? Aquí aparece una palabra que provoca inmediatamente enormes resistencias: expropiación.
Conviene aclarar de qué estamos hablando. La Constitución protege la propiedad privada, pero su artículo 33 establece también que la función social delimita su contenido y permite la expropiación por causa justificada de utilidad pública o interés social. ¿por qué no se expropia a estos fondos buitres que han deshauciado a Mari Carmen? ¿Y por qué mientras se expropia no se le cede a Mari Carmen el ático comprado con fondos públicos por Ayuso?
El debate que cabe plantear es si, ante situaciones verdaderamente extremas que afecten a viviendas propiedad de grandes tenedores, sociedades inmobiliarias o fondos de inversión, el ordenamiento debería prever como último recurso la expropiación temporal del uso y, cuando concurran circunstancias especialmente justificadas, estudiar otras fórmulas expropiatorias previstas legalmente.
Vivienda o activo financiero
Al final, el caso de Mari Carmen nos conduce a una discusión mucho mayor. Durante años hemos tratado la vivienda simultáneamente como un derecho constitucional y como un activo financiero. Y ambas lógicas chocan cuando el precio que maximiza la rentabilidad de una inversión deja fuera del mercado a quienes necesitan una casa para vivir.
La vivienda puede generar rentabilidad. La pregunta es si esa rentabilidad debe tener algún límite cuando entra en conflicto con la función social de un bien imprescindible. Porque la solución a la crisis de vivienda difícilmente llegará con una única medida. Hace falta limitar los precios allí donde el mercado esté gravemente tensionado, algo que choca frontalmente con el concepto de «libertad» de Isabel Díaz Ayuso, o de Milei. Ellos defienden la libertad que tienen los especuladores para hacer negocio con todo lo que se pueda vender. Pero contra esa falsa libertad, existe la libertad de los pueblos de poner coto a la especulación. Es necesaria la intervención pública, eso es lo que garantiza los derechos y libertades de todos los que somos Mari Carmen.
Hace falta impedir que el alquiler temporal o por habitaciones se utilice fraudulentamente para esquivar esos límites. Hace falta proteger frente al desahucio a quienes no tienen una alternativa residencial. Hace falta distinguir jurídicamente al pequeño propietario del gran tenedor. Hace falta aumentar de forma masiva y permanente el parque público de alquiler. Hace falta reservar suelo público. Hace falta construir durante años. Y hace falta disponer de instrumentos extraordinarios de intervención pública para situaciones extraordinarias.
El modelo de Viena demuestra algo importante: el mercado de la vivienda no es una fuerza de la naturaleza. También es el resultado de las decisiones políticas adoptadas durante décadas.
Mari Carmen salió de su casa en una camilla. Eso ya no podemos cambiarlo. Lo que sí podemos decidir es si dentro de diez o veinte años seguiremos contemplando casos semejantes mientras discutimos una vez más una prórroga de seis meses, un decreto que quizá consiga los votos necesarios o una nueva excepción. O si empezamos a construir otro modelo. Uno en el que tener una casa vuelva a significar, fundamentalmente, tener un lugar donde vivir, y donde la vivienda no pueda ser un objeto de especulación.
Mientras tanto, una cosa está clara, ni todos los partidos políticos son iguales, ni da lo mismo votar a uno que otro. Nuestros votos cuentan y mucho. Las derechas velan por el interés de los fondos buitre y los especuladores. La izquierda por los derechos y libertades de la mayoría social.
Baltasar Santos
Primer Secretario del PSC del Vendrell
